Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). ¿Por qué tanta polémica? ¿qué son? ¿Benefician o no al país? ¿son legales o ilegales?
Este “enclave gobernado por la empresa privada y el gobierno” ha generado mucha polémica en Honduras, incluso protestas en su contra por comunidades que estarán afectadas al ser instaladas estas “ciudades modelo”. Sin embargo, nada parece detener este “régimen”, que inició hace casi diez años, ni siquiera al advertirse una serie de señalamientos de ilegitimidad e ilegalidad en su contra. El proyecto pretende atraer capital, según expertos, a costa de los derechos de la población. En el mes de mayo el gobierno, en la persona del ministro de la presidencia, Ebal Díaz, presentó, iniciativas de ley para ampliar la estabilidad jurídica y los beneficios fiscales para las Zedes, como si hasta ahora este enclave no tuviera ninguna estabilidad ni beneficios.
Las Ciudades Modelo primero llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y ahora Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zede) son “espacios territoriales con condiciones ‘especiales’ otorgados a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales. Estas regiones estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y con autonomía propia”.
Sin embargo, sus promotores alegan que las ZEDES sacarán de la pobreza al país e impulsarán el desarrollo económico, para ello, arguyen, necesitan un espacio estable, sin leyes que estorben y que atraiga la inversión extranjera.
En efecto, desde el 2013 cuando se crearon con una enmienda constitucional a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República y la promulgación de la Ley Orgánica de las Zede, estas “subdivisiones territoriales y políticas” gozan de amplios niveles de autonomía política, administrativa, jurídica y económica. Están exentas de la mayor parte de la legislación nacional, pero sujetas a la Constitución, los tratados Internacionales ratificados por Honduras, a la Ley Orgánica de las ZEDE, la legislación relativa a las aguas territoriales y a los símbolos nacionales y a la legislación penal hondureña.
Por tanto, a partir de estas bases, las ZEDES son libres de adoptar sus propias formas de gobierno, políticas y normas jurídicas. Están autorizadas a adoptar sus propias normas legales, la legislación comercial, financiera, laboral, civil, administrativa y procesal. Pueden diseñar y adoptar un régimen fiscal independiente, una administración pública local, registros comerciales y de propiedad, así como sus propios cuerpos de seguridad, investigación y persecución penal.
Las ZEDEs y las empresas que operan en ellas no están sujetas a ningún impuesto, tarifa, derecho, tasa o recargo a la importación o a la exportación; están facultadas para autorizar puertos internacionales dentro de su jurisdicción, y adoptar su propia política monetaria. Gozan de un poder judicial especial, en el que pueden actuar como jueces, personas nacionales y extranjeras, y que puede funcionar bajo un sistema legal de derecho común, o cualquier otro sistema legal que proporcione, al menos, tanta protección a los derechos humanos como la que ofrece la Constitución de Honduras.
Actualmente existen tres ZEDEs autorizadas en Honduras: a) Prospera ZEDE, promovida por Honduras Prospera, Inc. b) Ciudad Morazán, promovida por Centroamerican Capital & Consulting; y c) ZEDE Orquidea, promovida por un grupo empresarial agroindustrial exportador del Departamento de Choluteca. Aunque si ya se está instalando otra en Roatán y en Amapala.
Según los Investigadores económicos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala calcularon el potencial económico de la ZEDE Próspera, concluyendo que Honduras podría elevar solamente con esta ZEDE, su actual ingreso per cápita de 2.500 dólares a 20.000 dólares en 40 años, si al menos el 11% de la población pasa a trabajar y vivir bajo la jurisdicción de Prospera. Dentro de Próspera, los economistas estiman que el PIB per cápita podría superar los US$ 40.000,00 en el mismo período de tiempo.
Las ZEDE son supervisadas y autorizadas por el Comité de Adopción de Buenas Prácticas (CAMP). Este comité se encarga de supervisar la creación y administración de estas zonas especiales y las personas asignadas a él son elegidas por el presidente de la república. En la lista inicial hay políticos y funcionarios públicos hondureños, empresarios europeos y estadounidenses, activistas y fundadores de distintos institutos de investigación. La mayoría de estas personas se identifican con ideas y principios libertarios y conservadores. Después de haberse creado este comité, seis años después de su nombramiento, no se sabe si en algún momento se celebraron reuniones para discutir temas referentes a las ZEDE o si se han hecho cambios en el comité, han muerto dos miembros del comité y no han sido reemplazados.
El Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas, CAMP, está compuesto por 21 miembros, solo destacan 4 políticos y funcionarios del gobierno de Honduras, los miembros restantes son reconocidos estrategas políticos, empresarios, banqueros y activistas extranjeros. Los hondureños son Ricardo Maduro Joest, empresario que fungió como presidente de la República por el Partido Nacional en el período 2002-2006 y Octavio Rubén Sánchez Barrientos, exministro de staff del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. A ellos se suman el actual jefe del gabinete presidencial, Leonel Cardona López y Ebal Díaz Lupian, quien desempeña el cargo de secretario de la presidencia.
CAMP, es el ente encargado de supervisar y ratificar todas las regulaciones internas de las ZEDE. Cuenta con amplias facultades para ejercer o influenciar significativamente la vastedad de atribuciones de los órganos de administración interna de cada ZEDE. Se le ha otorgado acceso a fondos especiales en carácter de ente desconcentrado y con el beneficio de ser dependencia exclusiva del presidente de la República. De acuerdo a la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (2013), este comité puede aprobar la expropiación de bienes por causa de utilidad o necesidad pública para el desarrollo o expansión de las ZEDE.
El promotor de este proyecto fue Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial. Según su teoría, la deficiencia en las leyes y las instituciones de los países frenan el crecimiento económico, por lo que asume que crear ciudades «privadas” con jurisdicciones propias, favorece el desarrollo. En el 2012, Romer se retiró por considerar el proyecto sin alguna transparencia gubernamental, y la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el concepto de las ciudades modelo, porque, según su dictamen, el concepto de las ZEDE violaba preceptos constitucionales relacionados con la soberanía, el territorio y la forma de gobierno. En el 2013, el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, hizo una reestructuración personal de la Corte Suprema y una reforma Constitucional, que permitieron aprobar en 2013 la Ley Orgánica de las ZEDE.
Este proyecto de zonas económicas especiales se ha realizado también en China y Corea del Sur. En Ecuador existe un modelo parecido, aunque en ninguno de estos casos las zonas se han desvinculado tanto, como en Honduras.
Los defensores de la idea de las ZEDE alegan que con la creación de estas “ciudades” se beneficiarán también las comunidades aledañas, al haber más capital en la región el nivel de desempleo disminuirá, con la creación de nuevos empleos.
El concepto de las ZEDE ha sido fuertemente criticado por investigadores, defensores de derechos humanos y por las poblaciones afectadas. Los economistas temen que se cree una burbuja que favorece sobre todo a las clases privilegiadas. Al haber un espacio con una jurisdicción propia, una política fiscal favorable y laxas regulaciones para empresas, podría abrir una puerta al lavado de dinero de la corrupción y el narcotráfico.
Otros expertos lo consideran además como una peligrosa cesión de soberanía. Las ZEDE no son más que proyectos económicos, políticos y jurídicos que vienen a cercenar la soberanía nacional; según ERIC, “una propuesta elitista que aumentará la concentración de capital y a la larga dejará sin oportunidades incluso a los propios inversionistas nacionales medianos y pequeños. Son una propuesta de segregación, con una legislación especial…. Una expresión todavía más radical que el modelo de enclave que se instauró hace más de un siglo, con las compañías bananeras y su economía de enclave. Se miraba prosperidad mientras estuvieron con la producción de banano. Los empleados y trabajadores gozaban de unos beneficios que la mayoría de quienes no laboraban en las plantaciones no tenían. Algo similar ocurrió con el enclave minero”, afirma ERIC, y recuerda que el negocio del banano se sostuvo sobre la base de “enormes concesiones otorgadas a las compañías bananeras, así como exoneraciones de impuestos y muchas otras prebendas. Una vez que las compañías se retiraron del negocio del banano, las zonas en donde las mismas estuvieron quedaron en condiciones deplorables, solo nos quedó el despreciable calificativo de banana republic”.
Por último ERIC, recuerda que la economía de puertas abiertas a la inversión extranjera, cuando se sustenta en ventajas arancelarias y exoneración de impuestos a las empresas extranjeras, las ganancias se van casi completamente hacia el exterior, mientras dentro del país lo que queda son salarios no siempre dignos y situaciones laborales muy deprimentes.
Protestas de los habitantes donde se han impuesto las ZEDE
Para la implatación de las Zedes, las autoridades responsables, han decidido secuestrar terrenos en forma dictatorial, sin respeto de los derechos de las comunidades existentes, actuando con poca transparencia, y engañando a los habitantes de la región, con falsas promesas. Se han realizado protestas de los lugareños donde se están implantando las ZEDES. De todos estos conflictos hasta el momento el CAMP, brilla por su ausencia.
Roatán, una isla destino popular de turistas de todo el mundo, por sus playas paradisíacas, sus aguas cristalinas y por tener la barrera coralina, la segunda más importante del mundo. Una comunidad de la isla protesta contra la primera ZEDE que se instalará en la comunidad de Crawfish Rock, ubicada en la costa norte de Roatán. El área es de 58 acres, o casi unas 23,5 hectáreas, y ahora es una división administrativa vinculada al gobierno central, dotada con un propio sistema administrativo, económico y en parte jurídico, definido por la empresa estadounidense Honduras Próspera LLC.
Promotores de este “proyecto”, consideran que con la implantación de una ZEDE podría convertirse en un imán para inversionistas. Los isleños han realizado protestas en contra de la imposición de esta Zede que comenzó a desarrollarse desde el pasado mayo. Los pobladores de Crawfish, denunciaron que los inversionistas de las ZEDE, los amenazaron con la expropiación de sus tierras si no los apoyaban con el proyecto.
Vanesa Cárdenas, líder comunitaria de Crawfish Rock, y defensora de los derechos humanos de su comunidad, explicó a DW, que para realizar este proyecto, las autoridades competentes se apoderaron del territorio que pertenece al grupo étnico afro-indígena Garífuna, que conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales debe ser protegido. Las autoridades de la ZEDE, se han negado a reconocer a las comunidades en Roatán como pueblo protegido por el convenio, y sin consultar a la población implantaron una ZEDE.
A las protestas de los isleños se unen las de los habitantes de Amapala, especialmente en la península de Zacate Grande, quienes están enardecidos con la puesta en marcha del megaproyecto, por lo que están uniendo esfuerzos para oponerse en bloque en contra de lo que consideran “venta del territorio nacional a extranjeros” y violación a la soberanía hondureña.
En una marcha pacífica, con apoyo de movimientos defensores de derechos ciudadanos, como el Movimiento Patria, los amapalinos exigieron al Gobierno que respete el territorio nacional y no venda parte de la isla que ha sido su hogar por muchas generaciones, que respete los derechos no solo legales sino ancestrales de los pueblos indígenas sobre sus parcelas de terreno en varias aldeas en donde abarca la construcción del enorme proyecto.
Jurídicamente hablando, viene la pregunta sobre cómo se aplicarán los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Laboral en jurisdicciones no estatales, que tienen sus propios tribunales de arbitraje, cómo podrán ser representadas las comunidades afectadas, si los abogados tendrán que lidiar entre diferentes jurisdicciones. El Código de Derecho Común de la ZEDE Próspera, según afirma Nuila Hermannsdorfer, jurista internacional: «es un compendio de normas de derecho común, que se ha creado importando las leyes más favorables para la protección de la propiedad y de las transacciones financieras de jurisdicciones de diferentes países, incluyendo de leyes y regulaciones del derecho estatal de los Estados Unidos.”
La isla Roatán, la más grande de las Islas de la Bahía en Honduras, podría convertirse en un imán para inversores. Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) de Honduras, teme que se pueda formar una especie de Estado paralelo: «Vemos una pérdida de soberanía que lleva a la desprotección de la población frente a vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.” El 16 de marzo la TUM International GmbH, una empresa filial de la Universidad Técnica de Múnich, previamente involucrada en el proyecto «Roatán Próspera”, anunció que se retiraba del proceso debido a indicios de violaciones de derechos humanos.
A estas protestas se une la Iglesia Católica. En septiembre de 2020, en un comunicado interdiocesano, las Diócesis de La Ceiba, Trujillo y Juticalpa, expresaron su tajante rechazo al “modelo económico extractivista: minero, energético, ZEDES, agroindustria, maderero, o el tráfico de drogas, es urgente construir y trabajar otro modelo económico para evitar mayores riesgos a la vida humana y natural”.
ERIC afirma por último que si este “enclave” representa “intereses que impiden un desarrollo interno, aunque inmediatamente parezca que beneficia a los pobres a través de empleos, se debe advertir de sus peligros y amenazas”.
Una vez por todas, debería unirse el pueblo, para defender la soberanía de su país, y los derechos humanos de las clases más vulnerables. Una oportunidad podrían ser las próximas elecciones.
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