Pero bien, hay quien dice que un pueblo se merece el presidente que escoja, y que si se va al caos o no, en el fondo depende de la responsabilidad o madurez con la que se elija a quien gobernará el País.  Si verdaderamente había un rechazo por lo que hizo Manuel Zelaya en el 2009, elegir a Nasralla es volver a darle el poder a Zelaya. Y elegir a Hernández es aceptar que lo que hizo Zelaya ilegalmente en el 2009, estaba bien si lo hubiera hecho legalmente. O sea, está bien tener la posibilidad de contar con un mismo presidente por dos o tres o más periodos. Nos tranquiliza saber que en EEUU pueden hacerlo por dos periodos seguidos, y después se acabó su deseo de seguir en el poder. Y si en vez de buscar cambiar la Constitución para buscar reelegirse no se busca agregar la posibilidad de poder ir a una segunda vuelta, visto el caos actual. Al menos no se tendría que decidir si ir o no de nuevo a elecciones, porque la OEA lo sugiere, sino que simplemente porque lo consideraría la Constitución.

Ahora llevamos casi un mes de caos en Honduras. El escenario en este país centroamericano incluye marchas con infiltrados haciendo actos de vandalismos, más represión de parte de los cuerpos de seguridad contra manifestantes y muchos cuestionamientos a la legitimidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, sobre todo ahora al oficializarse su triunfo. Las principales ciudades hondureñas están reviviendo los meses caóticos que siguieron al denominado por la comunidad internacional «golpe de Estado» que sacó del poder al presidente Manuel Zelaya en 2009.

En efecto, Honduras camina a la paralización económica por las manifestaciones violentas que continúan a nivel nacional.  La segunda ciudad más importante, San Pedro Sula, la de mayor crecimiento industrial y comercial, de hecho está aislada porque los enardecidos manifestantes le han cerrado las entradas y salidas que la comunican con el resto del país. San Pedro Sula es paso obligado para los contenedores que van hacia Puerto Cortés, en el Caribe, y que salen de esa terminal hacia diferentes destinos. Además, en Puerto Cortés, el más importante del país, está la principal planta de abastecimiento de combustibles para las regiones noroccidental y central, que podrían irse paralizando gradualmente por el desabastecimiento de derivados del petróleo. Algo similar podría ocurrir con la planta de combustibles en el sur del país, por las manifestaciones en esa región.

El aislamiento de San Pedro Sula también paraliza parcialmente la actividad del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales con la suspensión de vuelos, lo que ha afectado a cientos de pasajeros. La empresa Avianca anunció que por dos días el martes y miércoles de esta semana «suspende sus vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, debido a las dificultades operacionales y de seguridad que afectan a la ciudad de San Pedro Sula». «Las operaciones de la aerolínea desde y hacia Tegucigalpa (centro) y Roatán (Caribe) se mantienen, siempre y cuando las
condiciones de seguridad lo permitan», indicó la línea aérea.

La Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo también ha expresado su preocupación porque debido a las tomas de las principales carreteras se está paralizando la distribución de combustibles, aunque haya suficiente en las terminales. En el caso de los productores de leche, uno de sus directivos dijo que la mayor cantidad de ese alimento que sale de varias regiones del norte y occidente del país se procesa en plantas de San Pedro Sula, pero que por la crisis la actividad está paralizada. La situación que atraviesa el país también está afectando en los mercados populares y otros negocios con un aumento de precios en varios productos básicos en la dieta de los hondureños.

Los señalamientos de un posible fraude empezaron desde antes del domingo 26 de noviembre, fecha de la elección. Una investigación de The Economist reveló un audio en que miembros del Partido Nacional de presidente Juan Orlando Hernández,  hablaban de un supuesto plan alternativo en caso de no ganar la elección. Y luego vino el conteo. Horas después del cierre de urnas, con 57 por ciento de las actas contadas, el TSE daba una ventaja de poco más de 5 puntos porcentuales a Salvador Nasralla, candidato de la oposición acuerpado por el expresidente Manuel Zelaya. Pero tras dos fallas en el sistema de transmisión de datos, el TSE daba la ventaja a Hernández, algo que provocó dudas incluso a un funcionario responsable del conteo, según reportó El Faro de El Salvador. Nasralla y Zelaya llamaron a manifestaciones en defensa de sus votos. Hubo enfrentamiento, caos y muertos. El presidente Hernández respondió con un toque de queda de 12 horas. Las escenas esparcidas por redes sociales recordaban los días posteriores al «golpe» de 2009, marcados también por las marchas y la represión.

Aunque Hernández fue proclamado este domingo 17 presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral, la oposición liderada por Salvador Nasralla denuncia que hubo un fraude y la mayoría de países latinoamericanos se han mostrado muy cautos con el resultado. A parte Colombia, tan solo Guatemala y México han  reconocido la victoria de Hernández por el momento. Estados Unidos, por su parte, animó a Nasralla a que utilice las vías legales establecidas en el país para recurrir la proclamación de Hernández -al que no felicitó por su victoria- si no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).  El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso «nuevas elecciones para garantizar paz y concordia en Honduras ante la imposibilidad de dar certeza al resultado electoral».

La posición de Estados Unidos, que tiene en Juan Orlando Hernández a su principal aliado en el problemático Triángulo Norte de Centroamérica, ha sido tibia. Desde su cuenta de Twitter, la encargada de negocios de Washington en Tegucigalpa, Heide Fulton, felicitó al TSE por seguir un proceso “ordenado”, algo que contrasta con lo dicho por la OEA. En medio de la crisis electoral, el Departamento de Estado de EEUU certificó a Honduras en materia de derechos humanos y corrupción, un paso clave para permitir que el país reciba millones de dólares en ayuda externa de Estados Unidos.
Además de utilizar el plazo legal establecido, Estados Unidos también llamó a los hondureños a que «eviten la violencia» y a los líderes políticos a que «subrayen a sus seguidores la necesidad de resolver pacíficamente las diferencias».»También es importante -añadió- que el Gobierno garantice que las fuerzas de seguridad respetan los derechos de los manifestantes pacíficos».

Hernández,  propuso este martes un diálogo para alcanzar un «acuerdo nacional» por la paz en su país. «Como presidente electo, extiendo mi mano y abro mi mente para escuchar con atención a los demás y acordar en un gran diálogo el acuerdo nacional que consolide la paz y la seguridad de todos los habitantes de la República», dijo en cadena de radio y televisión.  El diálogo sería, además, para fortalecer «la ruta de la estabilidad y el crecimiento económico y propicie profundas reformas sociales e institucionales», según el gobernante hondureño. Salvador Nasralla, aceptó  la invitación  de iniciar un diálogo para lograr un acuerdo que permita una salida a la crisis política.

Momentos antes,  Nasralla había pedido a la comunidad internacional suspender la ayuda externa al Gobierno hondureño hasta que se resuelva el contencioso electoral, que ha causado protestas violentas con más de  veinte muertos y millonarias pérdidas
económicas.  Nasralla pidió que las organizaciones internacionales y los países no reconozcan los resultados oficializados por el TSE de Honduras hasta que se fije «cuándo, cómo y bajo qué condiciones» se abordarán unos nuevos comicios, para los que el político pidió la monitorización en todo el proceso por parte de la OEA. En este sentido, el candidato de la Alianza de Oposición también reclamó a Estados Unidos que fije su postura sobre el reconocimiento o no de Hernández, aunque confesó que no podía poner plazos al país que preside Donald Trump para que efectúe este pronunciamiento.

Según Nasralla, Honduras se encuentra ahora en riesgo de caer en una «indeseada y fratricida guerra civil» y, dada la coyuntura actual, podría incrementarse la «vulneración de derechos humanos» de «legítimas y pacíficas manifestaciones» contra el Gobierno.
Preguntado por un plan alternativo si no prolifera la petición de nuevos comicios, el opositor aseguró que «el plan ‘B’ lo dictará el pueblo», que «se halla en una encrucijada de reclamar o morir». Nasralla subrayó que el pueblo será quien decida si seguir
manifestándose «por la democracia» o «emigrar a Estados Unidos», una posibilidad que él mismo planteó el Departamento de Estado este lunes. Sobre las irregularidades de las elecciones, el líder opositor indicó que cada día «salen más pruebas» y que próximamente las harán públicas, tras presentar este lunes a la OEA y EE.UU, documentos en los que, según él, se demostraba el «fraude electoral». Nasralla, se ha entrevistado con legisladores estadounidenses antes de regresar a Honduras, se reunió
en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. También ha mantenido encuentros con el Comité de Derechos Humanos de la organización y con dirigentes del Departamento de Estado.

Líderes del gobernante Partido Nacional y el principal gremio empresarial de Honduras rechazaron la propuesta de la OEA de celebrar nuevos comicios como salida a la crisis del país. «Es inaceptable, no se pueden hacer unas nuevas elecciones, no lo permite el marco legal del país», dijo a periodistas Fernando Anduray, líder del Partido Nacional. Señaló que más de 3,7 millones de hondureños que acudieron a las urnas el pasado 26 de noviembre expresaron «su voluntad y eso debe respetarse».

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, dijo a periodistas que respeta aunque no comparte la propuesta de la OEA sobre celebrar nuevas elecciones. Señaló que la empresa privada reconoce que en el país «hay una problemática fuerte» causada «por diferencias políticas», por lo que pidió a los políticos «arreglarla». En un comunicado, el Cohep indicó que en el país «no se quiere el caos» y demandó un «diálogo» entre los políticos, lo que también han solicitado las Iglesias católica y evangélica. Instó al presidente electo a «construir las bases necesarias» para que «exista un Gobierno que implique la participación de todos los sectores políticos, a fin de asegurar el progreso económico y social basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional».

Sobre la opción de repetir los comicios, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), la eurodiputada Marisa Matías, dijo que solo las instituciones hondureñas «tienen la potestad de tomar decisiones sobre el proceso electoral». En su cuenta de Twitter, Matías indicó que a la MOE UE «no le corresponde validar ni invalidar» los resultados de las elecciones en Honduras.  En un informe presentado el domingo, la MOE UE indicó que no encontró «diferencia» entre las actas en las que la oposición alega que hubo fraude con las publicadas por el ente electoral hondureño.

El nuevo presidente, quien quiera que sea, iniciará con un mandato débil debido al caos electoral y a la polarización del sistema político. Para reforzar su gobierno aplicará medidas duras para tener bajo control el índice de homicidios que desde el 2012 ha aumentado.

A Nasralla le perseguirá la sombra que existe en torno a Zelaya, su principal valedor político. El entorno del expresidente Zelaya ha sido cuestionado por posibles vínculos con el narcotráfico. Los señalamientos incluyen a su hermano Carlos, de quien el narcotraficante Devis Leonel Rivera, de la banda Los Cachiros, dijo en una corte en Nueva York que utilizaba pistas clandestinas para traficar cocaína (Carlos Zelaya, candidato a diputado por el Partido Libre, lo ha negado).

También quedará abierta la posibilidad de que el gobierno de la Alianza de Oposición reestablezca los viejos vínculos con el gobierno de Venezuela, cuyos líderes han sido frecuentemente señalado en informes internacionales por sus nexos con el tráfico de drogas. Incluso el propio Nasralla ya defendió públicamente al gobierno de Maduro, en una polémica entrevista de televisión. Dijo que los medios de comunicación magnificaban la situación en Venezuela y presentaban a Nicolás Maduro como si fuera un ogro. Desde Venezuela, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro también han alzado la voz en defensa de los intereses su viejo socio, Manuel Zelaya.

Sobre Hernández también pesan varias dudas.  Aliado de Washington desde que era presidente del Congreso hondureño tras el golpe de estado que depuso a Zelaya, logró reformar la Constitución para abrir su camino a su reelección, algo que, irónicamente, había sido el principal argumento de los «golpistas» que quitaron a Manuel Zelaya en 2009. De a poco, Hernández logró ubicar a sus aliados políticos en puestos claves del aparato hondureño, incluidos la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral.

Hernández también se convirtió en aliado de Washington durante las administraciones de Barack Obama y de Donald Trump y, de hecho, es el referente del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que también incluye a El Salvador y Guatemala, en los diálogos para afianzar cooperación del congreso estadounidense para la región. Otras dudas han surgido en torno a Hernández debido a testimonios de los narcotraficantes hondureños procesados judicialmente en Estados Unidos. Uno de ellos también ha señalado al hermano del presidente, el congresista suplente Antonio “Tony” Hernández, como cómplice activo de los grupos de tráfico de drogas en el país. A favor de Hernández, que llegó a la presidencia en 2013 legitimado por un holgado triunfo de más de 10 puntos porcentuales, han jugado su compromiso con algunas reformas en la cuestionada policía nacional, sus políticas públicas que ayudaron a bajar los índices de homicidios y su apoyo a la instalación de la Misión Anticorrupción y contra el Crimen (MACCIH), auspiciada por la OEA.

El asesinato de la activista Berta Cáceres en marzo de 2016 fue la principal piedra en el zapato de Hernández: en Washington siempre hubo voces que cuestionaron el compromiso del presidente por llegar hasta los autores intelectuales del crimen contra Cáceres, una de las ambientalistas más respetadas de Honduras.

Al respecto en noticias recientes, que aparecieron en las agencias casi que en sordina ante el tremendo caos político, se confirma que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público de Honduras solicitó un antejuicio en contra de un alcalde y funcionarios de la Municipalidad de San Francisco de Ojuera, implicados en el caso de la ambientalista Berta Cáceres. La denuncia del organismo hondureño, es por dos delitos de abuso de autoridad contra la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara.

Esa Alcaldía autorizó la realización de un «estudio de prefactibilidad» y otorgó de «forma irregular e inconsulta el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca», iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, según un comunicado del Ministerio Público. Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, se oponía al proyecto, en el occidente del país,  por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas.

El alcalde Raúl Pineda y varios concejales de la Corporación Municipal «facilitaron» a DESA «la puesta en operaciones de la represa Agua Zarca, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos» por las comunidades indígenas, añadió. En este caso también están involucrados los exviceministros hondureños Marco Jonathan Laínez y Roberto Darío Cardona Valle, así como el exalcalde del occidental departamento de Intibucá Martiniano Domínguez.

Según investigaciones de la Fiscalía de Etnias, DESA presentó en octubre de 2009 a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) una solicitud de permiso para realizar el estudio de factibilidad para la construcción y operación de la planta hidroeléctrica, lo que fue «irregularmente autorizado» en diciembre de ese mismo año. Dos meses después, DESA presentó a Mi Ambiente «con el aval de las autoridades municipales» de San Francisco de Ojuera y «sin contar con una autorización legal» el estudio de factibilidad.

No obstante, el alcalde Pineda y tres regidores (concejales) resolvieron hasta en enero de 2010 «arbitrariamente autorizar al consorcio DESA a proceder a desarrollar los estudios de factibilidad para desarrollar dicho proyecto», señala. La Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera otorgó en septiembre de 2011 «irregularmente a la empresa DESA el permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca» tras celebrar una sesión ordinaria dirigida por Pineda. El Ministerio Público indicó que todo ello «no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas que refieren instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo».

El exviceministro Cardona, quien fue detenido en octubre de 2016, supuestamente autorizó la ampliación de la capacidad generadora de Agua Zarca de 14,4 a 21,7 megavatios, según la denuncia. Cardona, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar, ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay ocho personas detenidas. El asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó un informe divulgado a finales de octubre pasado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE). Esperemos que llegue la justicia al menos para este caso.

Volviendo al caos que se vive en el País, donde los derechos humanos han sido violados, una vez más los periodistas se han visto amenazados en su deber de informar y denunciar con la verdad en las manos.  La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó  su preocupación por la libertad de expresión en Honduras y lamentó el acoso y las restricciones a los periodistas hondureños e internacionales.  La APG exigió a las autoridades «respeto a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa», pues detalló que había recibido denuncias de «acoso» en contra de algunos medios, además de maltrato a tres periodistas internacionales que habían llegado a cubrir información «en cumplimiento de su trabajo». Según la asociación, los corresponsales «fueron retenidos en el aeropuerto, sometidos a un interrogatorio y deportados por las autoridades migratorias sin justificación».